Los Servicios Sociales cántabros se aferran al `parto secreto´

Una mujer de 27 años ha ganado la batalla, después de años de pleitos, y podrá conocer el nombre de su madre biológica. La Audiencia Provincial de Cantabria le da la razón y confirma su derecho a conocer sus orígenes.

El Instituto cántabro de Familia recurrió la primera sentencia del juzgado de instrucción número 9 de Santander que le ordenó facilitar a la mujer, nacida en 1994, su filiación. Los Servicios sociales se aferraron a una ley preconstitucional, de 1954, que establecía el derecho de las mujeres a un parto secreto, es decir, a que no quedase constancia de su identidad tras el parto.

La ley franquista, empeñada en evitar los abortos, estaba dirigida a madres solteras que, por propia voluntad u obligadas por las circunstancias y la moralidad católica, se veían abocadas a entregar a sus hijos en adopción.

Cuando la litigante nació, ya en plena democracia, esta ley seguía vigente. No fue hasta 1999 cuando el Tribunal Supremo, en una ejemplar sentencia estableció que «tras la vigencia de la Constitución de 1978 entendemos que tal limitación, elusiva de la constancia clínica de la identidad de la madre, ha quedado derogada por su manifiesta oposición a lo que en ella establecido, y no debe ser aplicada por los jueces y tribunales».

En su artículo 39, la Constitución indica que la ley posibilitará la investigación de la paternidad, y además se refiere en el artículo 10 a la dignidad de la persona, a sus derechos inviolables que le son inherentes y al libre desarrollo de la personalidad.

Precisamente la Audiencia Provincial de Cantabria, que ratifica la sentencia del juzgado 9 de instrucción, apela a este artículo sobre los derechos fundamentales de la ciudadanía española para desmontar la tesis de los Servicios Sociales cántabros sobre la prevalencia del derecho a la intimidad de la madre.

El Tribunal considera que ante el conflicto planteado entre el derecho del demandante a conocer su filiación y el derecho de la madre biológica a la ocultación de su identidad, debe prevalecer el primero, porque «esa injerencia en los datos personales de la madre biológica está justificada legalmente, sirve a un fin legítimo y resulta proporcionada por necesaria en atención al interés privado que persigue».

Desde 2014, la legislación española contempla el derecho de las personas adoptadas a conocer sus orígenes, en cumplimiento de diversas normas internacionales. El menor adoptado, por medio de sus representantes legales, podrá conocer sus orígenes -la identidad de sus padres, su historia médica y la de su familia-. Le ley obliga a las entidades públicas a asegurarse la conservación de la información que dispongan durante al menos 50 años.

Empecinamiento del gobierno cántabro

En su recurso de apelación, el Gobierno cántabro resaltaba la «primacía y eficacia» de la antigua normativa del Registro Civil que posibilitaba la ocultación de la identidad de la madre en el momento del nacimiento. Esta normativa establecía que en los datos de nacimiento «el parte o declaración de los profesionales y personal de establecimientos sanitarios que tengan obligación de guardar secreto no se referirá a la madre contra su voluntad».

Resulta llamativo y hasta indignante que el Instituto de Familia de Cantabria, conociendo la legislación, se haya resistido a entregar los datos de su madre biológica a la mujer, y que la haya obligado a pleitear durante más de dos años. Cabe preguntarse el porqué de esta siniestra actitud. ¿Acaso teme la administración cántabra un aluvión de peticiones de personas adoptadas que desean conocer sus orígenes? ¿Es legítimo que una comunidad autónoma se escude en una ley preconstitucional para denegar un derecho?

Ese empecinamiento de unos servicios públicos que deberían apoyar a una ciudadana que pretende ejercer sus derechos establecidos en la Constitución y en el Código Civil nos parece impropio y extraño. Nos consta que cientos de españoles han pretendido lo mismo y han obtenido una rotunda negativa por parte de algunas comunidades autónomas. En algunos casos, aduciendo la pérdida o la imposibilidad de localizar la documentación.

Esperamos que el fallo de la Audiencia Provincial de Cantabria fije de una vez por todas el proceder de los Servicios Sociales para garantizar los derechos de las personas adoptadas.