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Usura a plazos

Un despacho de Avilés (Asturias), dirigido por el abogado Celestino García Carreño, lleva ganados, desde 2016, mil pleitos contra bancos y financieras por las conocidas como tarjetas revolving, es decir, tarjetas de pago aplazado.

Estas tarjetas aplican intereses usurarios, como un T.A.E. del 24 y hasta el 28 por ciento. Los tribunales están anulando los contratos entre los clientes y las entidades financieras por entender que existe usura. Numerosas personas se ven atrapadas en deudas eternas, en las que la cantidad adeudada supera tres o cuatro veces la que inicialmente prestó el banco.

Celestino García Carreño es uno de los abogados españoles que mejor entiende el mecanismo de las tarjetas revolving. Aunque se dedicaba al Derecho Penal y a reclamaciones de Responsabilidad Civil, un caso cambió, en 2016, la dinámica de su despacho. «Un cliente nos encargó la reclamación de las cuotas abusivas que un banco le imponía por el uso de una tarjeta de pago aplazado. Vimos que existía una sentencia del Supremo, de 2015, que en un caso idéntico, pero donde el demandante fue el banco por impago, había anulado el contrato por ser usurario. La entidad estaba cobrando hasta dos veces y media los intereses normales de los créditos al consumo, que pueden estar entre el 7 y el 10 por ciento», explica a LETRADISTAS García Carreño.

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El abogado Celestino García Carreño, en una reciente conferencia sobre Derecho de Consumo. Cedida por el propio letrado.

Para este letrado asturiano, que lleva casos de toda España, el asunto de las revolving es «mucho más gordo que el de las clausulas suelo, porque no todo el mundo tiene hipoteca pero sí usa tarjetas de crédito». Además explica que este tipo de productos se ofertan en gasolineras, aeropuertos, centros comerciales por parte de personal sin cualificación financiera.

Los especialistas advierten de que entre seis y ocho millones de personas podrían reclamar en el juzgado en los próximos años la usura de tarjetas y préstamos al consumo.

 

Reticencia de algunos jueces

No todos los juzgados siguen la doctrina del Tribunal Supremo de considerar usurarios los contratos que rigen las tarjetas revolving. Algunos se resisten. Por ejemplo, las Audiencias Provinciales de Sevilla, Huelva y Pontevedra son contrarias a dicha doctrina. Celestino García Carreño cuenta su desencuentro con un juzgado en este sentido «En Asturias hay un juzgado que siempre me desestima la demanda, porque dice que la comparación no hay que hacerla entre los intereses que se cobran por créditos al consumo, sino entre lo que está cobrando la competencia. Es decir, se basa en la media del T.A.E. de estos productos, que puede estar en el 24 por ciento ». En este caso, el letrado acude a la Audiencia Provincial de Asturias que siempre le da la razón.

García Carreño confiesa que no ha podido hacer la cuenta de la cantidad de dinero recuperado en esos mil casos ganados. «No tenemos tiempo. Ha habido días en los que hemos tenido diez audiencias previas». Esta explosión de reclamaciones es imparable, advierte este abogado. Las entidades que más demandas reciben son Wizink y la financiera de Carrefour. «El Banco Sabadell tiene un 36 por ciento de T.A.E. en una de sus tarjetas», informa este letrado.

 

Anulación por usura

En el caso más sangrante que recuerda García Carreño, el cliente recuperó 27.000 euros al anularse el contrato y calcularse la diferencia entre todo lo que había pagado por encima de la cantidad financiada.  La anulación del contrato por usura implica que ambas partes deben devolverse recíprocamente ciertas cantidades. Por un lado, el banco o la financiera devuelven todos los intereses pagados por el cliente desde el principio. Hay casos en los que el inicio del contrato abarca 15 años; otros son más recientes. El cliente, por su parte, debe devolver a la entidad la cantidad inicial que recibió en concepto de préstamo. «Por ejemplo –explica el letrado asturiano–, si una persona ha dispuesto de todo el capital de una tarjeta de crédito de 3.000 euros inicialmente, y cuando se anula el contrato lleva pagados 8000, el banco le tiene que devolver 5.000 euros».

 

Microcréditos

Otra modalidad que también está siendo objeto de demanda son los microcréditos. En estos casos, el interés se sitúa entre el 2.700 y el 5.000 por ciento. «Esas entidades que se anuncian en televisión dan cantidades muy pequeñas, por ejemplo 200 euros, y en 15 días tienes que devolver 250 euros. En ese caso, el interés es del 5.000 por ciento», explica Celestino García.

 

El papel del Banco de España

No se libra casi ningún banco de la práctica de las revolving. Al contrario. En la oficina bancaria, el empleado anima al cliente a suscribir una de estas tarjetas, cuando aquel le pide un préstamo para hacer una obra en casa. Hasta hace unos años, en esos casos se concedían créditos personales al 8 por ciento, por ejemplo. Ahora, el banco propone una tarjeta de pago aplazado y vende las bondades de ir pagando pequeñas cuotas mensualmente. Pero el interés es del 27 por ciento.

«No se trata de culpar al cliente –incide Celestino García Carreño–. No se puede poner en el mercado un producto ilegal, usurario. Esto es lo primero y trasciende del consentimiento del cliente».

El Banco de España entiende estas tarjetas como créditos al consumo. Sin embargo, su silencio ante los abusos que están corrigiendo los tribunales resulta desconcertante. «¿Cómo es posible que se permitan anuncios en televisión de productos usurarios?«, se pregunta el abogado de Avilés. El organismo de supervisión de los bancos no se pronuncia sobre la usura que pueden ejercer estos productos; solo se limita a recomendar a las entidades mayor transparencia hacia los usuarios.

 

Despacho de Celestino García Carreño: 651845135

tinolawyer@hotmail.com

 

 

 

 

¿Qué hay de las garantías legales de los “Instahijos”?

 

Han convertido los avatares de su día a día, sus experiencias de maternidad, sus gustos de moda, looks, secretos de belleza, estilo de vida… en un auténtico escaparate  y en un fenómeno que atrae a miles de seguidores.

Estamos hablando de las “Instamamis” y los “Instapapis” o el boom de las mamás y los papás en las redes sociales –de forma abrumadora en Instagram y You Tube- que está creciendo como la espuma.

Todo empieza porque un buen día comienzan a subir la primera foto de su bebé, sus primeros pasos, su primer chapuzón en la playa, el primer disfraz que le queda graciosísimo y a grabar sus trastadas y ocurrencias. Se inicia así una dinámica que va encandilando a más y más simpatizantes que se enganchan a sus historias y que les aportan una enorme popularidad.

El trasfondo de todo ello, sin embargo, en el que tiene que ponerse el foco de atención, es que están utilizando a sus hijos menores de edad para crear contenido en sus perfiles de redes sociales y conseguir tirón mediático y fama.

El debate, por tanto,  que genera este tema es que se puede colocar a los menores en situaciones complicadas debido a esa sobreexposición pública, y pueden llegar a quedar comprometidos sus derechos a la intimidad y a la propia imagen, derechos de los que son titulares y que tienen reconocidos en el Título I de la Constitución.

Cuestiones fundamentales a tener en cuenta cuando se suben  sistemáticamente fotos de un menor a las redes porque estamos hablando de personas especialmente vulnerables y con una escasa o nula capacidad de maniobra legal.

Lo que dice la ley

Realmente no es un tema sencillo que se reduzca al hecho de que mis hijos son “míos” y puedo publicar de ellos lo que estime conveniente. Hay muchos matices a la hora de abordar este asunto complejo porque no es lo mismo que el hijo en cuestión tenga menos de 14 años o que supere esta edad. En este último caso, será su opinión y su consentimiento los que primen por encima del de sus padres, y los que serán tenidos en cuenta por un juez si llegara a producirse un desacuerdo entre ambas partes.

Sin embargo, hasta alcanzar ese grado de madurez, el Tribunal Supremo establece de forma rotunda que la difusión de cualquier imagen de un menor vulnerará el ordenamiento jurídico si no cuenta con el consentimiento de los padres o representantes legales.

Cuando ese acuerdo no se produce, podrá ser el juez el que autorice o deniegue la divulgación de las imágenes del menor atendiendo  a las circunstancias del caso y al interés del menor.

Más allá de estos escenarios planteados, la conclusión más importante que se debe subrayar es  recordar a los padres que, por encima de todo, tienen la responsabilidad de proteger la imagen de sus hijos y que deben actuar con sentido común.

Frente el protagonismo exponencial que están cobrando las redes sociales en nuestras vidas por sus enormes atractivos, hay que detenerse también a pensar y sopesar los peligros que conllevan al actuar como difusores mundiales de mucha información privada que no siempre se utiliza y canaliza de la forma más correcta.

 

 

 

Abogacía y emociones, un binomio que suma

Hasta hace no mucho tiempo, emociones y abogados podrían resultarnos algo así como la extraña pareja.

Y es que estamos hablando del sector de la abogacía, un ámbito en el que, secularmente, la gestión de las emociones ha sido un tema irrelevante e, incluso, marginado, frente a la prevalencia del conocimiento técnico jurídico y la capacidad de estudio y análisis como eje fundamental del desarrollo profesional de los letrados.

Es decir, la prioridad ha venido siendo el caso, el encargo, en lugar del cliente.

Sin embargo, estamos ante otro de los nuevos retos que deben asumir los abogados: comprender la estrecha y amplia relación que la inteligencia emocional tiene con el mundo jurídico y sus múltiples aplicaciones y beneficios, de modo que puedan sacar cada vez más partido a sus habilidades interpersonales.

Esa percepción explica que en los últimos años esté aumentando entre las firmas legales la inquietud por explorar la importancia de las llamadas soft skills y por incorporar procesos de aprendizaje social en el campo del derecho. En ese sentido, parece estar produciéndose una tendencia creciente a integrar esa dimensión humana en el ejercicio diario de los abogados, de situarla en un primer plano  como un concepto con un valor diferencial determinante que puede incrementar las posibilidades de éxito de un bufete y su liderazgo en un mercado global y tan competitivo como el suyo.

Ya lo afirmó Daniel Goleman, el psicólogo estadounidense, autor del bestseller internacional Inteligencia Emocional, que popularizó dicho término: “los mejores abogados no son los más inteligentes, ni los más técnicos, sino aquellos que, siendo inteligentes y técnicos, son emocionalmente inteligentes”.

 ¿Cuál es la importancia de la inteligencia emocional para los bufetes?

Hay que partir de una idea fundamental como es el hecho de que la práctica de la abogacía conlleva trabajar con terceras personas: clientes, colaboradores, abogados de la parte contraria, jueces, personal del juzgado, compañeros de despacho….

En esa interacción, las emociones juegan un papel esencial, ya que son la puerta de entrada a la conexión y creación de un vínculo de confianza con todas ellas y, a la vez,  una herramienta potente para que las relaciones que se establezcan y las labores que se lleven a cabo se desarrollen de forma eficiente y exitosa.

Goleman define la inteligencia emocional como “la habilidad para reconocer y entender las emociones de uno mismo y las de los demás, de forma que dicha advertencia sirva para gestionar el comportamiento y las relaciones con otros”.

Tal definición permite situar en el mismo nivel de importancia y exigencia las hard skills (conocimientos técnicos) y las habilidades transversales (soft skills), que son todas aquellas que tienen que ver con el trabajo en equipo, el liderazgo y la inteligencia emocional, como factores claves para conseguir una marca personal que te haga diferente.

Ya no hay duda, por tanto,  de que el fomento de la inteligencia emocional en los despachos de abogados debe ser una prioridad y una  pieza primordiales  para el éxito de la organización.  Porque un despacho formado por profesionales que sepan liderar equipos, identificar las preocupaciones de los clientes, establecer sólidas relaciones y lazos de empatía logrará incrementar la productividad y alcanzar altas cotas de influencia e impacto en el sector de la abogacía.

Los Servicios Sociales cántabros se aferran al `parto secreto´

Una mujer de 27 años ha ganado la batalla, después de años de pleitos, y podrá conocer el nombre de su madre biológica. La Audiencia Provincial de Cantabria le da la razón y confirma su derecho a conocer sus orígenes.

El Instituto cántabro de Familia recurrió la primera sentencia del juzgado de instrucción número 9 de Santander que le ordenó facilitar a la mujer, nacida en 1994, su filiación. Los Servicios sociales se aferraron a una ley preconstitucional, de 1954, que establecía el derecho de las mujeres a un parto secreto, es decir, a que no quedase constancia de su identidad tras el parto.

La ley franquista, empeñada en evitar los abortos, estaba dirigida a madres solteras que, por propia voluntad u obligadas por las circunstancias y la moralidad católica, se veían abocadas a entregar a sus hijos en adopción.

Cuando la litigante nació, ya en plena democracia, esta ley seguía vigente. No fue hasta 1999 cuando el Tribunal Supremo, en una ejemplar sentencia estableció que «tras la vigencia de la Constitución de 1978 entendemos que tal limitación, elusiva de la constancia clínica de la identidad de la madre, ha quedado derogada por su manifiesta oposición a lo que en ella establecido, y no debe ser aplicada por los jueces y tribunales».

En su artículo 39, la Constitución indica que la ley posibilitará la investigación de la paternidad, y además se refiere en el artículo 10 a la dignidad de la persona, a sus derechos inviolables que le son inherentes y al libre desarrollo de la personalidad.

Precisamente la Audiencia Provincial de Cantabria, que ratifica la sentencia del juzgado 9 de instrucción, apela a este artículo sobre los derechos fundamentales de la ciudadanía española para desmontar la tesis de los Servicios Sociales cántabros sobre la prevalencia del derecho a la intimidad de la madre.

El Tribunal considera que ante el conflicto planteado entre el derecho del demandante a conocer su filiación y el derecho de la madre biológica a la ocultación de su identidad, debe prevalecer el primero, porque «esa injerencia en los datos personales de la madre biológica está justificada legalmente, sirve a un fin legítimo y resulta proporcionada por necesaria en atención al interés privado que persigue».

Desde 2014, la legislación española contempla el derecho de las personas adoptadas a conocer sus orígenes, en cumplimiento de diversas normas internacionales. El menor adoptado, por medio de sus representantes legales, podrá conocer sus orígenes -la identidad de sus padres, su historia médica y la de su familia-. Le ley obliga a las entidades públicas a asegurarse la conservación de la información que dispongan durante al menos 50 años.

Empecinamiento del gobierno cántabro

En su recurso de apelación, el Gobierno cántabro resaltaba la «primacía y eficacia» de la antigua normativa del Registro Civil que posibilitaba la ocultación de la identidad de la madre en el momento del nacimiento. Esta normativa establecía que en los datos de nacimiento «el parte o declaración de los profesionales y personal de establecimientos sanitarios que tengan obligación de guardar secreto no se referirá a la madre contra su voluntad».

Resulta llamativo y hasta indignante que el Instituto de Familia de Cantabria, conociendo la legislación, se haya resistido a entregar los datos de su madre biológica a la mujer, y que la haya obligado a pleitear durante más de dos años. Cabe preguntarse el porqué de esta siniestra actitud. ¿Acaso teme la administración cántabra un aluvión de peticiones de personas adoptadas que desean conocer sus orígenes? ¿Es legítimo que una comunidad autónoma se escude en una ley preconstitucional para denegar un derecho?

Ese empecinamiento de unos servicios públicos que deberían apoyar a una ciudadana que pretende ejercer sus derechos establecidos en la Constitución y en el Código Civil nos parece impropio y extraño. Nos consta que cientos de españoles han pretendido lo mismo y han obtenido una rotunda negativa por parte de algunas comunidades autónomas. En algunos casos, aduciendo la pérdida o la imposibilidad de localizar la documentación.

Esperamos que el fallo de la Audiencia Provincial de Cantabria fije de una vez por todas el proceder de los Servicios Sociales para garantizar los derechos de las personas adoptadas.

 

 

«Por el mar corren las liebres y por el monte las sardinas, tralará …»

Los hijos del “baby boom” crecimos con canciones que contenían letras como la del título o que decían: « Me encontré con un ciruelo cargadito de manzanas; comencé a tirarle piedras y caían avellanas».

No podíamos adivinar, ni por lo más remoto, que nos estaban colando ya entonces fake news.

Fake news y posverdad conforman un dúo que no paramos de escuchar por el enorme protagonismo que ha alcanzado en la actualidad debido, fundamentalmente, a la extraordinaria y vertiginosa oportunidad de propagación mundial que les brindan  las redes sociales y el universo digital, en general.

El siguiente, es tan solo un ejemplo –que traemos a colación  por la repercusión nacional e internacional que ha tenido el caso- de los innumerables que se producen a diario de fake news, y que son asumidas y compartidas por una mayoría creciente de internautas atraídos, entre otros motivos, por su sensacionalismo.

El tratamiento “periodístico” por parte del digital La Tribuna de España del mediático caso de la muerte del pequeño Julen, tras su caída al pozo en una finca de Totalán (Málaga), constituye un clarísimo exponente de fake new continuada con un claro objetivo de interés propagandístico y  desinformación.

«El pozo donde cayó Julen podría ser un escondite de droga”. Así titulaba el pasado 23 de enero este medio uno de sus artículos sobre el tema, en el que prácticamente se afirma que los padres y la familia del niño serían los responsables de su muerte, añadiendo las siguientes afirmaciones: «Esta información procede de una fuente de la Guardia Civil muy próxima a la investigación del caso Julen; la  intención sería que, ya que no han encontrado agua, aprovechar el pozo para guardar material ilegal, con toda probabilidad, sustancias ilegales estupefacientes; el padre y tío del pequeño desaparecido habrían estado intentado rebajar el borde del agujero para hacerlo más accesible al depósito de drogas».

Tales perlas, retuiteadas por usuarios o utilizadas para hacer otros comentarios con el consiguiente daño a los familiares, han llevado a los padres de Julen a interponer una querella contra La Tribuna de España.

Un fenómeno venenoso que se extiende como la pólvora

En 2016 el Diccionario Oxford elevó a palabra del año el neologismo posverdad, un término un tanto desconcertante, que se ha puesto de moda en estos últimos años y que encubre  el concepto-ídolo del momento: el anglicismo fake news que, aunque se suele traducir como noticias falsas, la transcripción más acertada –según la Fundación del Español Urgente (Fundéu) – sería la de noticias falseadas. La posverdad es el vocablo que permite  categorizar la profesionalización del desinformar con intereses espurios.

Estamos sentados en la era de la posverdad, un término que se ha introducido por la puerta grande de la Real Academia Española, que lo ha definido como la «distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales».

No estamos, sin embargo, ante un fenómeno nuevo. A lo largo de la Historia se han utilizado los medios existentes en cada época (imprenta, telégrafo, radio…) para difundir falsedades. Y hace cuatro siglos ya el filósofo y escritor inglés Francis Bacon puso en circulación la frase «difama que algo queda» acuñando en su obra De la dignidad y el crecimiento de la ciencia, de manera explícita, la expresión «calumniad con audacia; siempre quedará algo».

Como afirma el periodista Iñaki Gabilondo, «la posverdad no es otra cosa que la mentira de toda la vida agigantada por las actuales armas comunicacionales, es decir, la mentira de siempre en toda su variada gama: mentira propiamente dicha, verdad a medias, chisme, patraña, calumnia, … puestas en órbita por la mayor fuerza propulsora que se ha conocido, las actuales redes sociales,  que la convierten en un veneno que se expande peligrosamente como la pólvora».

Infundios construidos sobre historias impactantes, exageradas, distorsionadas, inventadas, etc, que circulan y se comparten a golpe de clics a una velocidad imparable y sin filtro alguno por el gran disparadero en el que se ha convertido el universo digital, invadiendo el espacio social, político y mediático.

Otro de sus grandes aliados lo constituye el hecho de que desmentir informaciones incorrectas o deliberadamente manipuladas resulta mucho más lento y menos viral que propagar verdades. El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) cifra en un 10 por ciento esa mayor viralidad. En concreto, y como dato alarmante, las noticias falsas  viajan por las redes sociales seis veces más rápido que las reales, tienen más alcance y un mayor efecto devastador,  según el MIT.

Poco optimismo

A corto, medio y, quizá tampoco, a largo plazo, contamos con vacunas para paliar o erradicar esta epidemia mundial.  Los datos estremecedores, aportados por la consultora Gartner en su informe sobre predicciones tecnológicas, no invitan en absoluto al optimismo. Y es que, según dicho estudio, «en el año 2022 el público occidental estará expuesto a más noticias falsas que verdaderas, sin la capacidad, ni material ni tecnológica, de contrarrestarlas».

Recuperamos, como broche, unas palabras del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha: «Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia».

¿Será verdad? ¿Podrá ser posible o estaremos hablando de poner puertas al campo?

Deberá ser interés y empeño de todos

 

 

 

 

 

 

 

La nueva era de la abogacía

Un caso perdido, una injusticia de los tribunales de las que tanto abundan, que aún tiene recursos pendientes y se quiere difundir para que la opinión pública sea el jurado de la justicia; la institución pública que ha incurrido en prácticas vergonzosas cuya difusión ayudaría a hacer justicia; el periodista que fabricó noticias falseadas contra un particular por su afán de atraer lectores; el abogado que le acusa y que necesita un dictamen pericial sobre las reglas periodísticas que se ha saltado.Estos son algunos ejemplos de casos en los que trabajamos.

Tal vez, somos el conato de una nueva profesión mixta que une a abogados y periodistas: Letradistas. Modestia aparte, abogados, nos toca, quizá, el papel de pioneras de una nueva y señera tarea: por un lado, enseñaros a explotar los recursos que la era digital pone a vuestro servicio y que os obliga a conectar de una manera bien distinta con los clientes. Y por otro, serviros de altavoz para propagar vuestro talento, reivindicaciones, y crear un estado de opinión pública afín a vuestros intereses y al de los casos que lleváis.

Estamos en posesión de herramientas para ayudaros a utilizar los nuevos medios para usar Internet de forma eficiente y sus armas de difusión. Por ejemplo, hoy no basta con tener una web bien diseñada y atractiva. Hay que dinamizarla, aportando contenidos útiles y valiosos frecuentemente. Al futuro cliente hay que hablarle directamente desde el sitio web: a través de artículos, de vídeos, fotografías comentadas… Existen infinitas posibilidades. La creatividad es la clave para diferenciarse de los competidores.

En Letradistas usamos las redes sociales no solo como el fantástico escaparate que son, sino también como los nuevos medios de comunicación en los que se han convertido. Si no se comunica a través de Twitter, Instagram, Facebook, Linkedin se están perdiendo muchas posibilidades en detrimento del negocio y de la reputación.

«Afilar el hacha»

En el vertiginoso y cambiante proceso de transformación digital que determina nuestras vidas, abogados, no os podéis quedar atrás. Los que empezasteis hace ya unos años sois conscientes, independientemente de vuestro ramo jurídico,  de que el mundo en el que inaugurasteis vuestro ejercicio profesional está desapareciendo para no volver jamás. Muy lejos han quedado los tiempos en los que, sentados en vuestro despacho, esperabais a que los clientes llamaran a vuestra puerta. Hay que trabajar mucho la reputación para que eso vuelva a ocurrir, ¿verdad?

Internet es el nuevo amo de todo y esta realidad exige nuevas herramientas y estrategias que no podéis dejar de plantearos y de asumir. Si aún no lo habéis hecho, merece la pena parar y reflexionar sobre qué  se quiere conseguir, además de cómo y con qué recursos  contáis para hacerlo. En definitiva, necesitáis “afilar el hacha”.

Da igual cómo sean vuestros despachos. Los clientes potenciales están en la Red en la que, a diario, se realizan miles de consultas legales y se clican alrededor de una decena de webs antes de elegir al profesional de la abogacía más acorde con los intereses de los usuarios y las empresas. Por tanto, si no tenéis una web útil y dinámica ni presencia en redes sociales, os muy probable que os quedéis fuera del universo de negocios que se está disputando a diario. No tendréis visibilidad.

Os tendemos la mano. Podemos ayudaros a crecer y a difundir vuestro talento.

 

 

 

 

 

 

 

Apuesta por el valor del marketing jurídico

Comenzamos nuestra aventura profesional como Agencia de Comunicación y Marketing Jurídico. La marca que hemos elegido, Letradistas, fusiona y pone el enfoque en  los dos principales actores de la labor que emprendemos: Letrados y Periodistas. Un binomio en auge, y cada vez más necesario, que está generando mucho interés por la creciente demanda del marketing jurídico.

Estamos asistiendo a un escenario en el que, por una parte, prácticamente todos los usuarios recurren a su dispositivo móvil para buscar y elegir los profesionales y servicios que requieren en cada momento. Y, por otro, las empresas demandan mayor cantidad de perfiles juristas que les acompañen, asesoren y ofrezcan soluciones a medida en diferentes ámbitos.

Este panorama está propiciando una revolución en vuestro sector. Atrás quedaron los tiempos en los que para conseguir clientes era necesario recurrir al `boca a boca´ e invertir  en anuncios publicitarios. Tiempos en los que estabais instalados en vuestra zona de confort y era impensable disponer de departamentos de marketing en vuestro ámbito.

Es decir, esa reticencia que el sector legal ha tenido a adaptarse a los nuevos modelos de negocio que ofrece el mundo digital está cambiando para ir abriendo paso a una nueva mentalidad.  Estáis empezando a comprender la gran eficacia y utilidad que supone adoptar estrategias de marketing digital para diferenciaros de otros profesionales dedicados a la abogacía, tener un buen posicionamiento online para captar nuevos clientes, y que éstos asocien vuestro nombre a una imagen y a una reputación de confianza y profesionalidad  que aporta calidad, valor y soluciones a sus diferentes exigencias legales.

En los últimos años, los bufetes venís coincidiendo en una percepción nítida y unívoca acerca del aumento de la competitividad en vuestro sector. Hay que tener en cuenta que en España sois 150.000 abogados ejercientes, según el Consejo General de la Abogacía Española. Esta enorme competencia os está empujando, si bien todavía tenuemente, a percibir el marketing jurídico como una oportunidad y un escaparate excelentes.

Letradistas, una gran elección y una gran aliada

La agencia Letradistas nace con la vocación de convertirse en vuestra aliada. Queremos  animaros, asesoraros y acompañaros en la apuesta por la adopción de estrategias de  marketing jurídico, como una herramienta no sólo muy importante en vuestro negocio, sino necesaria e ineludible, capaz de despertar en los clientes la necesidad de contar con un abogado.

Estamos aquí para que cada despacho exponga el valor de sus destrezas, pueda explicar sus éxitos y fortalezas respecto a la competencia y transmitirlos a través del  enorme abanico de canales y plataformas que el universo digital pone a su disposición, además de otros canales convencionales.

Somos la agencia de comunicación idónea porque conocemos muy bien vuestro sector debido a nuestra trayectoria periodística.

Si hoy en día vuestra actividad no está reforzada por acciones de comunicación y marketing, las posibilidades de progresar como empresa o profesional pueden verse mermadas de forma considerable. En ese sentido, debéis elegir bien a los expertos adecuados. Para lograr textos de calidad –es decir, bien redactados, con rigor y veracidad– y poner en marcha ideas innovadoras y estrategias creativas, no todo el mundo vale. Letradistas es una elección acertada.

Tener una web y un blog corporativo, presencia en las redes sociales, contar con una estrategia definida para la comunicación en medios, adoptar una dinámica comunicativa  adecuada, etc.  puede convertirse en la mejor y más rentable inversión para vuestro despacho.

Os animamos, por tanto, a perder el miedo y a subiros al carro de las nuevas tecnologías para aprovechar las múltiples  posibilidades que os ofrecen.

Y  Letradistas quiere ser vuestra gran compañera de viaje.